El paradigma del estado facilitador, un acuerdo efectivo para el desarrollo

ANTONIO BÜCHI BUC

Hace un tiempo he venido planteando la idea conceptual de un Estado facilitador. No es fácil “hacerla carne”, pero viendo un artículo publicado en DF, se me ocurre cómo llenarla de contenido.

La especie del pez Karachi, al parecer, estaría siendo amenazada. Aclaro que no soy experto en biología, ni en cuidado de ecosistemas, y menos en minería del litio; pero sí algo conozco de decisión de inversiones, evaluación de proyectos con riesgo e incentivos empresariales. Volviendo al tema, se ha apuntado a que el secado de vertientes que provoca la explotación del litio en ciertos salares impactaría en la viabilidad de este pez como especie. Este es un problema serio y práctico que nos desafía. ¿Qué hacer?

“Voy a lanzar ideas provocadoras: uno, hay que reconocer que las cosas sí pueden llegar a tener impacto; dos, hay incertidumbres y costos para proteger bienes públicos; y tres, hay trade off que no podemos pedir que los cargue cada iniciativa, en especial cuando el bien que se busca proteger es público y no un ‘derecho abstracto’ supuestamente de la naturaleza”.

La alternativa 1 es la que llamé el “paradigma del cero impacto”; y es el estado del arte imperante. Gastos enormes en determinación de línea base. Tiempos no proporcionales a los costos y beneficios que traen estos proyectos. Discusiones a distintos niveles de la institucionalidad en que intervienen múltiples actores, ONG y funcionarios con visiones y agendas de intereses, muchas muy bien intencionadas, pero solo con la perspectiva de que no se puede impactar nada y se debe mitigar todo. Pasamos por estudios eternos y discusiones sordas entre contrapartes con posiciones valóricas irreconciliables.

En muchos casos, finalmente la institucionalidad deja hoy esto en manos de funcionarios públicos u organismos colegiados intermedios, con mandatos para defender su parcela, eliminando o reduciendo proyectos sin consideración de costos.

Sin embargo, esto sí tiene costos enormes: el directo es el menor, tiempo y gasto en estudios y recursos que utiliza el proyecto; el sistémico es mucho más grande, inversiones que se atrasan, un país que inhibe y agota al sector privado, quitando a pueblos, localidades, carreras profesionales, empresas y mucha gente alrededor de estos proyectos, la posibilidad de tener mejores sueldos, más demanda por sus servicios, investigación que podría desarrollarse para minimizar el costo de impactos como estos. En fin, una lápida para el crecimiento y el desarrollo.

Una segunda alternativa es una institucionalidad inspirada en el concepto de un Estado facilitador. ¿Cómo podría ser esta? Voy a lanzar ideas provocadoras: uno, hay que reconocer que las cosas sí pueden llegar a tener impacto; dos, que hay incertidumbres y costos para proteger bienes públicos, como es la existencia de la biodiversidad que representa este pez; tres, que hay trade off que no podemos pedir que los cargue cada iniciativa, en especial cuando el bien que se busca proteger es un bien público para la población, y no un “derecho abstracto” supuestamente de la naturaleza. El Estado debe conjugar estas cosas y facilitar el desarrollo, cuantificando qué estamos dispuestos a tolerar como impacto.

¿Y cómo se podría implementar esto?

Por ejemplo, imponer límites mandatorios a los costos y tiempos que se puede hacer asumir a los empresarios y proyectos específicos. Si pasa ese punto, el tema debería necesariamente escalar a un nivel institucional distinto, muy profesional y validado culturalmente por la clase política. En ese nivel, la pregunta debe ser: ¿qué impactos positivos trae esa industria, queremos promoverla, cuantos recursos tenemos como Estado para involucrar, qué riesgos puede asumir el Estado? Si es así, hacer que la iniciativa se comprometa con un esquema que mitigue hasta donde podemos y sabemos hoy. ¿Qué pasa si después esto no era suficiente? Asumir como Estado que es su rol financiar estos bienes públicos. El Estado definirá hasta cuántos recursos está dispuesto a comprometer y cómo, por varias vías, como financiar obras complementarias, financiar investigación, indemnizar derechos de otros, compensar a las empresas por obligarlas a modificar proyectos y cumplir otros estándares, asumir demandas de terceros que se vean impactados; en el extremo, si después se determina que el impacto era intolerable, expropiar y compensar adecuadamente a los empresarios que pusieron capital a riesgo. ¿Juicios? Ya no a los privados, sino contra el Estado.

¿Tiene esto un límite? Sí, hay un límite agregado que debe estar en el presupuesto del Estado para cubrir estos costos agregados, más allá de eso, como sociedad no podemos darnos el lujo de detener el progreso por proteger algo. Es tan práctico como que esta debe ser una glosa en el presupuesto de la Nación, sin tapujos

Desconozco el detalle del proceso en este caso, solo quiero ilustrar formas que podría tomar el rediseño profundo de los procesos de aprobación de proyectos, desde otro paradigma de Estado. No nos podemos seguir dando el lujo de tener una institucionalidad que solo reafirme el rol guardián del Estado, y no el rol facilitador. Si no lo hacemos, no haremos nada, el país seguirá como está, y las generaciones futuras no podrán aspirar a mejores vidas, mayores sueldos, más escuelas, más hospitales, más oportunidades, más posibilidades de estudiar; más tiempo libre para disfrutar de sus familias, de la cultura o, simplemente, de tener los recursos y el tiempo para poder ir a disfrutar los lugares donde habita el pez Karachi.